“Recientes aportaciones en materia de Derecho Bancario: El caso Bankia”.

portada-revistaMe hacía ilusión dedicar la primera entrada de este Blog, al artículo que he publicado en la prestigiosa revista jurídica, dirigida por el Catedrático D. Juan Sánchez-Calero, llamada “Revista de Derecho Bancario y Bursátil”. Mi artículo, titulado: “Recientes aportaciones en materia de Derecho Bancario: El caso Bankia”, versa, principalmente, sobre las múltiples demandas que se han presentado en los últimos tiempos en nuestros Juzgados, al albur del escándalo protagonizado por la entidad financiera Bankia, en su estreno en el “parqué” (en la Bolsa). Efectivamente, el mencionado banco (nacionalizado, tras los muchos avatares que llevaron a un conglomerado de antiguas cajas de ahorros a formar el grupo Bankia y el azote de la crisis más importante padecida, hasta el momento) simuló un estado financiero “boyante” que poco o nada tenía que ver con su situación económico-financiera real. En tal estado de cosas, presentó unas cuentas que, plasmadas en el ya conocido “folleto informativo de la Oferta Pública de Venta (OPV)”, no hizo sino generar, en palabras de nuestro Tribunal Supremo “una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de la inversión”. En román paladino, o dicho de otro modo, el pequeño inversor compró cada acción por 3,75 euros, cuando su valor real, apenas sí alcanzaba un 1% del precio desembolsado.

articuloEl artículo aborda, por tanto, y como citaba al comienzo, el “fenómeno” que tal situación ha generado en aquellos accionistas indignados que no han dudado en transformar su desagravio en sendas demandas que han hecho correr ríos de tinta en los Juzgados. Tales acciones legales, reclamaban la restitución del total importe invertido, más sus intereses legales desde la fecha de la inversión (19/7/2011),  amparadas en el ya muy manido, art. 1.303 del Código Civil (que regula las consecuencias de las acciones de nulidad/anulabilidad contractual) o, en su caso, en el art. 28 de la Ley de Mercado de Valores. Artículo este último que se reveló como un auténtico hallazgo, entre la muy diversa y prolija legislación en que vivimos instalados los profesionales del Derecho; como si el legislador se hubiera sacado de la chistera una solución “ad hoc“, para los afectados por la compra de tales instrumentos financieros. Porque, de forma acertada, el citado precepto regula la responsabilidad del emisor del folleto informativo -entre otros muchos operadores que participan activamente en el proceso de una OPV,-por “las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes”, y ahí es dónde nuestro más Alto Tribunal en sus Sentencias de 3 de febrero de 2016, parece haber encontrado la fundamentación jurídica que precisaba, para concluir de forma contundente y sin paliativos que el citado Folleto informativo de Bankia contenía “graves inexactitudes”. El resto de la historia, vino de la mano de una abrumadora avalancha de Sentencias dictadas en primera instancia, condenando a la entidad financiera a restituir el total importe de la inversión más sus intereses legales desde la fecha de la inversión. Eso, sucedía en sede judicial, al tiempo que desde la cúpula de Bankia, se arbitraba una solución paralela, a tenor de las Sentencias del Alto Tribunal que catapultaban toda defensa posible, cual era la devolución del principal invertido más el 1% de intereses desde la compra de las acciones. Algunos clientes, en la creencia de que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”, aceptaron dicha alternativa extrajudicial, en tanto que otros, esperaron o esperan obtener justicia a través de la resolución judicial que reconozca que, algún día, compraron engañados por los entresijos que urdieron aquéllos, a quienes, paradójicamente, la justicia les aguarda.

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